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¿Dentro un proceso penal puedo realizar la investigación del hecho por cuenta propia?

Acusador Privado (Penal)

La ley 1826 de 2017, faculta a los particulares (víctima del delito) para por medio de un abogado, que incluso pueden ser estudiantes de consultorios jurídicos de las universidades debidamente acreditadas, soliciten la conversión de la acción penal de pública a privada, esto es pasar la facultad para investigar del fiscal del caso al propio afectado (víctima), pudiendo este último realizar la recolección de las pruebas del caso por sí mismo y las presenta en el proceso.

1.    La persona interesada, mediante abogado, debe solicitar la conversión de la acción penal de pública a privada ante el fiscal del caso, antes de la presentación del escrito de acusación (documento en el cual  se hace la mención de los hechos que jurídicamente son relevantes y se inicia el descubrimiento de las pruebas). Esta solicitud se debe realizar de manera escrita manifestando la intención de convertirse en acusador privado y es necesario demostrar la calidad de víctima de quien la requiere.

En caso de tratarse de delitos querellables,  el fiscal del caso decide sobre la conversión de la acción pública en privada, una vez se haya realizado audiencia de conciliación sin acuerdo entre las partes.

2.    Luego de la presentación de la solicitud, el fiscal tiene un (1) mes para decidir si se autoriza o no la conversión de la acción penal. En la revisión de la procedencia de la solicitud, el fiscal verificará:

- Si quien solicita la conversión es un abogado en ejercicio y cuenta con tarjeta profesional vigente o licencia provisional, así como poder para actuar.

- En caso de tratarse de un estudiante de consultorio jurídico, se debe revisar el poder para actuar, y que cuente con autorización para actuar, por parte del consultorio jurídico.

3.    Si la solicitud de conversión es aprobada, el acusador privado (víctima representada por un abogado), podrá desarrollar actos de investigación, con el objetivo de recopilar elementos materiales probatorios, es decir evidencia que puede convertirse en prueba y podrá ser llevada a juicio para sustentar los hechos.

En caso de ser negada la solicitud, la facultad investigativa seguirá en cabeza de la fiscalía, teniendo en cuenta que contra esa decisión no procede recurso alguno.



Requisitos generales
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•    La Ley 1826 de 2017, entrará a regir seis (6) meses después de la fecha de su promulgación (desde del 13 de julio).
 
•    No se podrá autorizar la conversión de la acción penal pública en privada cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

-    Cuando no se acredite sumariamente la condición de víctima de la conducta punible.
-    Cuando no esté plenamente identificado o individualizado el sujeto investigado.
-    Cuando el indiciado pertenezca a una organización criminal y el hecho esté directamente relacionado con su pertenencia a esta.
-    Cuando el indiciado sea inimputable.
-    Cuando los hechos guarden conexidad o estén en concurso con delitos frente a los que no procede la conversión de la acción penal pública a acción privada.
-    Cuando la conversión de la acción penal implique riesgo para la seguridad de la víctima. Cuando no haya acuerdo entre todas las víctimas de la conducta punible.
-    Cuando existan razones de política criminal, investigaciones en contexto o interés del Estado que indiquen la existencia de un interés colectivo sobre la investigación.
-    Cuando se trate de procesos adelantados por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
-    Cuando la conducta sea objetivamente atípica, caso en el cual el Fiscal procederá al archivo de la investigación.

•    Cuando se trate de actos de investigación complejos por ejemplo: interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, retención de correspondencia, entre otros en los que pueden verse afectados derechos fundamentales, de manera excepcional puede solicitar su realización ante el juez de control de garantías, cuya ejecución recae en la Fiscalía General de la Nación.
 
•    Al haberse autorizado la conversión de la acción penal pública en privada, el fiscal debe dar traslado al acusador privado todos los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida hasta el momento, para dar pleno cumplimiento a las normas que regulan la cadena de custodia.

•    La figura del acusador privado se puede revertir en cualquier momento a través de una decisión fundada.

•    El fiscal que autorizó la conversión también puede ordenar la reversión de oficio, o a solicitud de parte, retomando la actuación en la etapa procesal en la que se encuentre, cuando el acusador privado sea sorprendido en actos de desviación de poder por el ejercicio de los actos de investigación, o por una ausencia permanente del abogado de confianza del acusador privado.

•    La querella únicamente puede ser presentada por la víctima de la conducta punible. Si esta es menor o persona jurídica, debe ser formulada por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus herederos.

•    Cuando la víctima estuviere imposibilitada para formular la querella, o sea incapaz y carezca de representante legal, o este sea autor o partícipe de la conducta punible, puede presentarla el Defensor de Familia, el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos.

Fecha última actualización: 16/05/2017

La información mostrada en esta página es oficial, aunque está sujeta a modificaciones a partir de la fecha de última actualización indicada.

Si requiere mayor información o asesoría para la presentación de la solicitud de conversión de la acción penal de pública a privada, usted podrá acercarse a cualquier consultorio jurídico de su municipio.

•    Acto Legislativo No. 03 de 2002, artículo 2.  Funciones Fiscalía General de La Nación en el ejercicio de la acción penal.

•    Constitución política de Colombia, artículo 250. Funciones Fiscalía General de La Nación.

•    Ley 1826 de 2017 “Establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado”.  Título II de la acción penal privada artículos 27-39.

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Este documento es una infografía de la Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado.

Fecha de actualización: 2017/04/21 Descargar

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Infografía que explica Conductas incluidas en el proceso abreviado. El presente documento es sugerido, no es de obligatorio cumplimiento y no compromete responsabilidad alguna por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Fecha de actualización: 2017/05/16 Descargar