Fondos de pensiones no podrán retrasar trámites por cuenta del Covid 19
Daniel Puentes
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Fondos de pensiones no podrán retrasar trámites por cuenta del Covid 19

Bogotá, 22 de mayo de 2020. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o fondos pensionales no podrán excusarse en la contingencia que vive en el país por cuenta del Covid-19 para retrasar los trámites con los que se solicitan las mismas. Así lo advirtió la Corte Constitucional al fallar a favor de un hombre que la solicitó por invalidez luego de perder el 56% de su capacidad laboral.

“No debe condicionarse el cumplimiento de esta sentencia a las medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia causada por el COVID-19, sino que deberán utilizarse las plataformas digitales y los medios electrónicos para solicitar documentos, evaluar la solicitud del accionante y notificar oportunamente a su afiliado sobre el trámite”, manifestó el alto tribunal sobre este caso.

La Corte también señaló en su sentencia que la administradora de pensiones Porvenir le vulneró los derechos a la seguridad social al tutelante al solicitarle documentación que no era necesaria y retrasar el estudio de la solicitud durante 11 meses por cuenta de barreras administrativas.

“No debía someterse el trámite de la pensión al cumplimiento de un proceso en la jurisdicción ordinaria que pretendía la corrección de los errores de la fecha de nacimiento en el registro y la cédula, y tampoco a un proceso adicional que buscaba la designación de un curador para el hijo menor del solicitante, cargas desproporcionadas y extralegales que no debe adquirir el afiliado”, dijo puntualmente el alto tribunal.

En este sentido, al fallar a favor del tutelante, la Corte Constitucional instó a la administradora de pensiones a no pedir documentación adicional para hacer un estudio de la solicitud, pues en las bases de datos se encuentra información referente al afiliado y sus semanas cotizadas. Así mismo, le dio un plazo de 48 horas a Porvenir para estudiar de fondo el caso con el cual se determinará si al reclamante se le asignará o no una pensión por invalidez. 

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